La crisis desatada por el paro minero que comenzó el pasado 2 de marzo del presente año en el bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, ha venido a revelar una verdad murmurada desde hace años, aquella que afirma la total penetración de los paramilitares, hoy con nueva marca, a todos los estamentos de esa Colombia profunda, desde los más bajos niveles de la sociedad, hasta mandatarios, ricachones y autoridades, neutralizando mediante la corrupción y la violencia al tejido vivo de estas comunidades, y apoderándose de rentas legales e ilegales, y entre estas últimas, la minería ilegal es quizás la más peligrosa de sus acciones, pues representa amenaza al tesoro nacional, al ambiente y a las comunidades hoy presas de su espectro. La tradicional minería ancestral que ha contado con un importante componente étnico afrocolombiano, se ha visto rebasada por una industria ilegal que cuenta con equipos industriales de alto precio en el mercado, dragas y dragones, y que sin embargo se presenta como conformada por mineros “ancestrales”, estigmatizando a estos y generando una debacle para las comunidades territoriales.